Una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP), con el apoyo de VOX, para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) califique como profesionales las competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol Sala ha sido rechazada por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados.
En su defensa de la PNL, el portavoz del PP, Javier Merino, ha recordado que se trata de una petición que ya fue formulada hace unos años y que, de acuerdo tanto con la nueva Ley del Deporte que entró en vigor el pasado 1 de enero como con la anterior de 1990, es competencia del CSD calificar como profesional una competición deportiva. Ha añadido, como otro de sus argumentos fundamentales, que la liga de fútbol sala “no debe ser menos” que el fútbol femenino o que el balonmano, que son competiciones profesionales.
A su vez, el portavoz del PSOE, Antón Cacho, se ha mostrado contrario a la calificación como profesional de la Liga de fútbol sala porque, a juicio de su partido, no se dan las circunstancias que lo aconsejan y, además, la iniciativa cuenta con la oposición expresa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Lo cierto es que da la impresión de que uno de los argumentos prioritarios esgrimidos por el PP —esto es, que la petición no es nueva— parece volverse en su contra si se toma en consideración precisamente que esa solicitud fue desestimada no hace mucho sin que hayan cambiado sustancialmente desde entonces los motivos que condujeron a ello.
Tal insistencia en volver a debatir temas ya analizados, cuando las circunstancias, como señala el portavoz socialista, no se han modificado, sugiere que pueda haber otros motivos en este empeño; por ejemplo, el deseo de la Liga Nacional de Fútbol Sala de controlar en exclusiva la competición al margen de la viabilidad legal o económica de tal propósito.
En efecto, cabe recordar que, en junio de 2020 —es decir, hace menos de tres años—, la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) ya se dirigió sin éxito al CSD para pedir la calificación como profesional de la Primera y Segunda División de Fútbol Sala.
La solicitud motivó la presentación ante el CSD de un pormenorizado escrito de la RFEF en el esta desarrollaba con detalle hasta 16 alegaciones en contra de la propuesta, entre las cuales había referencias a los precedentes que abonaban su rechazo, a la posibilidad de generar un conflicto con FIFA y UEFA, a los requisitos jurídicos y regulatorios que son obligados para calificar una competición como profesional, a la práctica imposibilidad de transformar los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD, a la explotación de los derechos televisivos…
Una importante debilidad económica
No obstante, para cualquier profano en materia de cuestiones legales, lo que quizá resultaba más contundente era la amplia panoplia de datos que ilustraban que la escasa dimensión económica de la competición hace inviable y muy arriesgada su profesionalización. Solo a título de ejemplo, los ingresos de la Primera División del fútbol sala fueron en 2020 seis veces menores que los de la Segunda B del fútbol, los gastos fueron nueves veces menores y el salario medio resultó ser cuatro veces menor.
Y todo esto, sin considerar la más que acusada polarización que se da en el fútbol sala; por ejemplo, los tres clubes mayores de su Primera División suponen la mitad de los ingresos totales y casi el 40% de los gastos totales de todos los equipos. De hecho, si descontamos la parte de los clubes mayores, los ingresos anuales de un equipo de futbol sala de Primera División no llegan a los 700.000 euros, mientras que los clubes de balonmano, hockey, tenis, natación, etc. cuentan normalmente sus ingresos con cifras de siete dígitos.
Así pues, bien puede ocurrir que, amén de otros relevantes factores legales o regulatorios, lo importante para valorar esta propuesta de profesionalización no sea el voluntarista argumento del portavoz del PP, en el sentido de que el fútbol sala “no debe ser menos” que otros deportes, sino la consideración de que tal profesionalización resulta inviable, como mínimo, por claros motivos económicos.
