El Barça ha presentado una demanda en el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona contra LaLiga porque esta le prohíbe ampliar en un 15% su masa salarial, lo que, según el club azulgrana, le impide competir en igualdad de condiciones con los demás clubes.
El trasfondo —una vez más— es el contrato firmado por LaLiga con el fondo CVC Capital Partners en 2021, según el cual los 38 clubes que se adhirieron a él recibirán 1.994 millones de euros, en cuarto plazos que finalizan en 2024, a cambio del 11% de sus ingresos por derechos televisivos durante 50 años.
En efecto, la cifra de clubes adheridos es de 38 y no de 42. Los cuatro restantes mostraron en su día su disconformidad con el contrato y decidieron no suscribirlo: Real Madrid, Barcelona, Athletic y la U. D. Ibiza. Además, el Oviedo se abstuvo en la votación que le dio “luz verde”.
Una historia que será seguramente interminable
El club blanco emitió entonces un duro comunicado contra el acuerdo. En él, criticaba la falta de transparencia y de concurrencia con la que había sido negociado y suscrito, así como la opacidad de algunos de sus términos. Pero, sobre todo, subrayaba que generaría a los clubes “importantes pérdidas patrimoniales”, mediante la “expropiación” de sus derechos audiovisuales durante 50 años, en beneficio de un fondo que, según sus estimaciones, obtendría una rentabilidad anual del 20%.
A su vez, el Barcelona se sumó a las críticas del club de Concha Espina por cómo se había gestado el acuerdo y afirmó que su aplicación supondría una “condena” del club en materia audiovisual. Además, advirtió de que CVC “recupera la inversión en el año 12; y, en el resto de los 38 años del contrato, es decir, hasta 50, obtiene beneficios”.
Por añadidura, los dos clubes informaron de que estaban en condiciones de conseguir alternativas financieras mucho más beneficiosas para todos los clubes que las ofrecidas por CVC y aceptadas por LaLiga; y con una duración máxima de 25 años.
La demanda del Barça y sus argumentos
Por ello, Real Madrid, Barcelona y Athletic impugnaron el acuerdo de inmediato; y, posteriormente, presentaron una demanda civil, que fue aceptada a principios del pasado año y la que se sumó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que aseguraban que el contrato es “una transacción ilegal que causa un perjuicio irreparable a todo el sector del fútbol español y que vulnera de forma flagrante los principios más elementales del derecho deportivo español y los propios estatutos de LaLiga”.
De acuerdo con el contrato, el 70% de los fondos que recibirán los 38 clubes que votaron a su favor deberán ser destinados obligatoriamente a inversiones en infraestructuras, otro 15% habrá de dedicarlo a reducir sus deudas y el 15% restante podrán emplearlo en ampliar el límite salarial de sus plantillas; es decir, para el incremento de los sueldos de sus jugadores o, lo que es mucho más importante, para la contratación de nuevos futbolistas.
El Barcelona argumenta que, en la situación actual, no puede competir en las mismas condiciones que los 38 clubes adheridos del contrato en lo que a las condiciones de ‘fair play’ financiero se refiere, puesto que LaLiga no le permite ampliar el límite salarial de su plantilla en ese porcentaje del 15% que sí autoriza a esos clubes. Añade que, además, desconoce contra qué presupuesto o partida de ingresos podría hacerlo, si es que finalmente se le permitiera tal cosa.
Un incidente que no será el último
Lo cierto es que, dados los antecedentes que se han resumido anteriormente acerca del conflicto generado por el contrato, hechos como la demanda presentada por el Barça eran de esperar y no serán los últimos.
En medios del sector, se considera que la “rebelión” de los cuatro clubes que no suscribieron el acuerdo puede estar traduciéndose en que LaLiga conceda un trato de favor a los 38 que sí lo han hecho. Y también subrayan que esta última entidad, para sacar adelante “sí o sí” el acuerdo con CVC, ha forzado el ejercicio de sus competencias hasta un límite excesivo que podría haber superado las fronteras lo lícito.
En todo caso, el conflicto va para largo y tiene, aparte de sus muy marcadas consecuencias jurídicas, otras no menos importantes en el ámbito económico.
Elementos no menores de este ámbito son la incertidumbre sobre a cuánto ascienden realmente los intereses que tendrán que pagar los clubes en su calidad de deudores y cuál será el impacto del acuerdo sobre sus economías durante su vigencia.
Porque, efectivamente, el acuerdo convierte a los clubes en deudores. Aunque se quiera presentar de otra forma, lo cierto es que, en términos prácticos, se trata de una operación mediante la cual CVC entrega a LaLiga 1.994 millones de euros a cambio del 11% de los derechos televisivos que generan los clubes; un importe que la LaLiga, a su vez, presta a los propios clubes —y dictándoles cómo deben gastarlo—, con lo cual estos se convierten en deudores de la entidad.
Así planteado, parece claro que se trata de un gran negocio para CVC y en el que LaLiga no corre el riesgo de perder nada, porque nada arriesga. Otra cosa será su efecto final sobre los deudores —es decir, sobre los clubes—, porque es obvio que, como tales, tendrán que devolver el dinero recibido y los intereses correspondientes.
Además, mirando a más largo plazo, conviene recordar que ningún fondo del mundo suele permanecer en las operaciones que protagoniza por más de unos 5 años. Por consiguiente, resulta como mínimo “naïf”, si es que no algo peor, creerse que el contrato no estará expuesto al riesgo de sufrir importantes cambios, negociaciones y sobresaltos económico-financieros a lo largo de sus 50 años de duración.
