En pleno estallido del ‘caso Negreira’, la dimisión de Albert Soler, director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), en principio aparentemente motivada por «buscar nuevos retos profesionales», podría deberse a varios desencuentros con José Manuel Francos, máximo dirigente del CSD, a razón de promover los intereses de LaLiga en la redacción de la Ley del Deporte.
Soler, que también fue directivo, por ejemplo a cargo de las relaciones institucionales del Barcelona entre 2014 y 2021, tuvo que declarar el pasado mes de octubre ante la Fiscalía de Barcelona y negó su implicación en las contrataciones de la empresa de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y el FC Barcelona. Soler era el encargado de recibir los informes de Negreira y avaló en su declaración la existencia de dichos documentos ante la policía judicial.
«Durante el trámite de enmiendas de la Ley del Deporte, Soler intentó interceder ante el Gobierno para incluir cambios que parecían estar avalados por el CSD, cuando en realidad llevaban el sello de LaLiga. Trabajaba para Tebas», según The Objective.
Soler descartó las acusaciones, alegando que su papel se limitó a la redacción de la ley y a las funciones propias de su cargo, y negó haber tenido contacto con los grupos parlamentarios para interceder en favor a los intereses de LaLiga. No obstante, cabe destacar que la patronal de los clubes es cliente desde hace años de la consultoría en la que recaló Soler cuando abandonó el CSD. También es reseñable que el exdirigiente del Consejo Superior del Deporte tuvo vinculación con el PSC en los inicios de su carrera en el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo secretario general entre 2014 y 2021 fue Miquel Iceta, actual ministro de Cultura y Deporte.
«Iceta consiguió los cambios que pretendía Tebas. Temía enfrentarse a una huelga de LaLiga», explican a The Objective fuentes gubernamentales. La Ley del Deporte, aprobada en diciembre, consiguió introducir dos de las tres reivindicaciones que reclamó en su campaña publicitaria: la norma reconoció a LaLiga como propietaria de su explotación comercial, clave tras el acuerdo con la CVC en agosto de 2021; y también habría servido para impedir que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pudiera cambiar las competiciones nacionales de forma unilateral. La única demanda que no atendió fue la de bloquear campeonatos domésticos ante otras competiciones emergentes, como la Superliga.
Así, los movimientos de Soler terminaron por tensar su relación con Franco, ya erosionada a raíz de los múltiples encontronazos que ambos han protagonizado en estas y otras cuestiones a lo largo de los años. Sin ir más lejos, en base a las investigaciones de The Objective, Soler ambicionaría la presidencia de la RFEF y actuaba controlado por Javier Tebas en su intento de hacer caer a Luis Rubiales.
Con la confianza perdida dentro del seno del CSD, el organismo presidido por Franco prescindió de Soler, que salió el pasado 10 de enero, tras la publicación de la Ley del Deporte. Días después, trascendió en diversos medios la incorporación de Soler por Acento Public Affairs, que tiene en LaLiga a uno de sus clientes más importantes, para dirigir un área especializada en deporte, ocio y entretenimiento, a pesar de que el artículo 15 de la ley reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración determina que ningún antiguo cargo podrá realizar un trabajo vinculado al deporte en entidades privadas durante los próximos dos años.
