El pasado 18 de enero, la consultora de relaciones públicas Acento, creada en 2019 y cuyo socio fundador es el exministro socialista José Blanco, fichó para su equipo a Albert Soler, ex secretario de Estado para el Deporte en 2011 y director General del Consejo Superior de Deportes hasta apenas una semana antes de incorporarse a esa firma. Siete días más tarde, se ha hecho público que LaLiga presidida por Javier Tebas ha contratado a Acento para hacer lobbying en Bruselas.
Como es bien sabido, ni la coincidencia ni la sucesión de hechos en el tiempo son prueba de la existencia de una relación de causa a efecto. Cuando sucede algo inmediatamente o poco después de que suceda otro “algo”, no siempre lo primero es causa de lo segundo. No siempre. Sin embargo, muchas veces sí lo es. De hecho, muchos expertos en el comportamiento humano suelen suponer que nuestra especie debe buena parte de su supervivencia secular al sesgo de percepción que implica considerar que coincidencia es síntoma de causalidad.
Bien ¿y qué?, se dirá muy justamente el lector. Salvo que en los hechos antes resumidos se haya cometido alguna ilegalidad o incumplimiento normativo demostrable, lo que está aún por ver, habrá que asumirlos. Y si la incorporación de Albert Soler, un experto en deporte y ex directivo del Barça, para más señas, le ha servido a Acento para conseguir un contrato con LaLiga, que sin duda habrá ya más que justificado el nuevo sueldo del ex director General del CSD, mejor para todos ellos.
No obstante, incluso sin prejuzgar la legalidad o ilegalidad de todo ello, que no es competencia de estas líneas, habría otro importante motivo de inquietud al respecto. Un motivo que tiene que ver con el desarrollo del lobbying en España, un sector de actividad que ha experimentado en los últimos años un extraordinario crecimiento y que cuenta ya con centenares de empresas, organizaciones y agencias participando en él. Así lo pone de manifiesto un exhaustivo estudio publicado recientemente por la Universidad Complutense de Madrid y dirigido por el Dr. Alfredo Arceo.
Como bien se refleja en ese informe, las actividades de lobbying o de relaciones públicas suelen generar una espontánea reacción de sospecha entre buena parte de la opinión pública española, pues son muchos los que la consideran algo opaco que esconde frecuentemente operaciones y gestiones “non sanctas”. No ocurre esto en la mayor parte de los países de nuestro entorno, donde la práctica del lobbying, ejercida con eficacia y transparencia, es asumida socialmente como una herramienta positiva que ayuda a que administradores públicos y administrados privados conozcan, comprendan y acerquen sus respectivas posiciones para dar lugar a decisiones legislativas o regulatorias que vayan en beneficio de todos los ciudadanos.
El problema es cuando justos pagan por pecadores. En ausencia de una normativa clara al respecto —y en España aún no la hay, al menos no tan completa como en otros países cercanos—, tales actividades pueden ser caldo de cultivo para “conseguidores” que quieren defender los intereses de sus clientes por encima de cualquier interés general; o que no basan su trabajo en análisis, relaciones y metodologías desarrolladas con auténtico rigor profesional y elevada transparencia, sino en la posesión de una valiosa y nutrida “agenda” de contactos personales, casi siempre asentada en una larga experiencia política previa.
Por descontado, la regulación cuidadosa de los “saltos” del sector público al sector privado y viceversa —las tan famosas como manidas “puertas giratorias”— son un elemento esencial en esta cuestión, aunque no sea el único. Conviene recordar en este sentido que la Ley de incompatibilidades de 2006, que no pocos expertos consideran insuficiente, establece claras limitaciones para que los altos cargos que dejan sus responsabilidades públicas puedan asumir funciones en empresas privadas durante dos años desde su salida del cargo. Obviamente, el cumplimiento de esta norma legal es obligado en el caso de operaciones como la antes citada y en todo lo que las rodea.
Vaya por delante, de nuevo, que no se desea prejuzgar nada —al menos, de momento— sobre la operación entre LaLiga y Acento. Pero convengamos en que, como mínimo, se encuentra aquejada de lo que los italianos llaman, con exquisita elegancia, “mancanza de finezza”.
Viene esto a cuento del complejo ecosistema que parece darse cita en ella. La consultora de un exministro socialista (José Blanco), cuyo presidente es un exministro del Partido Popular (Alfonso Alonso), cuyo director general adjunto es un exsecretario de Comunicación del Govern que lo fue a propuesta de ERC (Miquel Gamisans) y cuyo responsable en Bruselas es el hijo del actual vicesecretario de Acción Institucional del PP (Esteban González Pons), contrata a un exdirector General del CSD y exdiputado socialista (Albert Soler) y firma inmediatamente a continuación un contrato para hacer lobbying en la capital belga en favor de LaLiga, que cuenta con un presidente a quien se adjudica sintonía con Vox y que se halla fuertemente apoyado por un expresidente del CSD bajo Gobierno del Partido Popular (Miguel Cardenal, que de puertas giratorias lo sabe casi todo) y por la cabeza visible de Mediapro (Jaume Roures), cuyas simpatías por los partidos izquierdistas e independentistas de Cataluña han sido frecuentemente subrayadas.
Insistamos: sin entrar en que todo ello sea legal o ilegal, cuestión que debe ser dirimida por otras instancias, hay una reflexión que es obligado hacer desde el punto de la buena práctica del lobbying. Por el bien de esta actividad y de su futuro en España, sería conveniente que su ejercicio evitara el recuerdo de algo que escribió Benito Pérez Galdós hace 135 años en una de sus novelas: “Allí brillaba espléndidamente esa fraternidad española en cuyo seno se dan la mano de amigo el carlista y el republicano, el progresista de cabeza dura y el moderado implacable… Esto de que todo el mundo sea amigo particular de todo el mundo es síntoma de que las ideas van siendo tan solo un pretexto para conquistar o defender el pan”.
