Una vez finalizada la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se ha celebrado hoy en Las Rozas (Madrid), el Secretario General de la entidad, Andreu Camps, y su asesor legal, Tomás González Cueto, han comparecido ante los medios de comunicación para aclarar los detalles principales del “caso Osasuna”.
La finalidad del encuentro resultaba más que oportuna si se tiene en cuenta que, en el aluvión de informaciones y “desinformaciones” que ha generado el asunto, ha habido quienes han cuestionado el apoyo de la RFEF a Osasuna y han intentado implicar negativamente en el tema al Presidente de la Federación, cuando lo cierto es que tanto una como otro comparten la postura del club navarro y así lo han demostrado.
Los hechos esenciales
El acto se ha iniciado con un relato de los hechos esenciales, ofrecido por el Secretario General, lo que resultaba asimismo pertinente porque, en ese confuso aluvión, parece que algunos de esos hechos han quedado en el olvido.
Todo comenzó hace más de ocho años, cuando LaLiga solicitó al Consejo Superior de Deportes (CDS) una auditoría complementaria sobre Osasuna. El CSD la llevó a cabo y LaLiga remitió los resultados al club navarro el 18 de febrero de 2015.
Este, sobre la base de la auditoría, presentó ante el Juzgado de guardia una denuncia por desvío de 2,4 millones en sus cuentas; y, a su vez, LaLiga presentó una querella contra el ex presidente y directivos del Club.
El juez acumuló la documentación de las dos denuncias en una querella por apropiación indebida y por corrupción deportiva; y dictó un auto el 11 de enero de 2016 por el que decidió no imputar a Osasuna por corrupción deportiva, porque entendió que este no había incurrido en ninguna responsabilidad penal.
No terminó así el asunto, porque LaLiga recurrió el auto; y lo hizo mediante dos recursos diferentes: un recurso de reforma ante el juez y otro de apelación ante la Audiencia Provincial, este de forma subsidiaria.
A continuación, el juez denegó el recurso de reforma y la Audiencia dictó el cierre del tema, concluyendo que no había posibilidad de imputar a Osasuna por esos hechos, ya que eran aquellos directivos, y no el club, los únicos responsables.
Además, LaLiga envió escritos a la FIFA, concretamente al responsable de integridad, y al responsable jurídico de la UEFA, denunciando estos hechos.
Sin embargo, , la Federación no actuó ante estas instancias, ni se personó como acusación particular; ni para acusar al club, ni para acusar a los directivos.
La postura de la RFEF
La UEFA ha solicitado informes a la RFEF sobre el asunto y esta ha respondido a las preguntas de los inspectores del Comité Disciplinario de la organización.
Sin embargo, existe la prohibición expresa de hacer públicos este tipo de documentos en virtud del artículo 41 del Código Disciplinario de la UEFA, que obliga a mantener al respecto la máxima confidencialidad.
No obstante, aunque tenga prohibido exhibir esos documentos, la RFEF sí puede manifestar su postura como Federación y ha subrayado que ni la directiva actual del club, ni este como tal, tienen nada que ver con lo que sucedió entonces.
Por otro lado, respecto de la acusación que han hecho determinadas fuentes de que el presidente de la RFEF no ha salido públicamente en defensa de Osasuna ante la UEFA, mientras que sí lo ha hecho con otros clubes, aludiendo expresamente al Barcelona en relación con el “caso Enríquez Negreira”, Andreu Camps ha asegurado que esto es falso, porque el presidente de la RFEF no defendió en este asunto a ningún club.
Lo que sí dijo es que lo sucedido con otro club (el Barça) y con el vicepresidente del Comité Arbitral (Enríquez Negreira) era rechazable y censurable, al tiempo que defendió a los árbitros —no a ningún club—, subrayando su convencimiento de que estos no habían recibido compensación ni participado en infracción alguna en ese “caso”.
Por añadidura, es muy importante tener en cuenta que la RFEF sí está personada como acusación particular en el “caso Enríquez Negreira”, pero no en el “caso Osasuna”. Como también lo es que emitió la licencia para que Osasuna pudiera participar en la Conference League.
En la parte final del acto, el asesor legal externo de la RFEF, Tomás González Cueto, ha añadido que no ha habido denuncia alguna contra Osasuna para evitar que jugara esa competición de la UEFA, puesto que esta actuó de oficio al tener conocimiento de la sentencia en firme dictada en su día que antes se ha mencionado.
