La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado de manera tajante la petición de LaLiga de imputar a la Real Federación Española (RFEF) por el ‘caso Soule’. En él, se investigan diversas acusaciones por casos de corrupción que se habrían producido en este organismo durante la etapa anterior a la elección de Luis Rubiales como su Presidente y en que están imputadas decenas de personas, entre ellas el Presidente anterior, Ángel María Villar.
Uno de esos casos es el relativo a un presunto desvío de unos fondos que se tendrían que haber destinado a dietas, costes de alojamiento y gastos de viajes de los árbitros, por un importe acumulado de 8 millones de euros, durante el periodo 2009-2017 y que se habrían destinado otros fines.
La Fiscalía Anticorrupción señala que, por tratarse de dinero público, su aportación tendría que haber estado destinada a los fines previstos, es decir, «sufragar justamente las (cantidades) derivadas del pago de los derechos de arbitraje en las competiciones de fútbol». Para otros fines, habría sido indispensable que el Consejo Superior de Deportes (CSD) hubiera dado “luz verde”, lo que no ocurrió.
Dada la naturaleza de estos fondos y del destino al que estaban dedicados, el Ministerio Fiscal sí ha decidido citar como investigado al que fuera entonces Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio (uno de cuyos vicepresidentes era, por cierto, José María Enríquez Negrerira, hoy en el foco de todas las miradas por el “extraño” contrato de asesoramiento que tenía suscrito con el Barcelona).
Cabe recordar que prácticamente la primera decisión que adoptó Luis Rubiales como Presidente de la RFEF cuando accedió al cargo en 2018 fue el cese fulminante de Sánchez Arminio como Presidente del CTA.
