Cuando una empresa o un organismo publica su informe anual de resultados, es muy frecuente —casi una norma— que subraye, con complacencia más o menos explícita, los incrementos que han registrado sus cifras más representativas. El motivo obvio es que, por lo habitual, se considera que tales crecimientos son un claro síntoma del buen desempeño de la entidad en cuestión.
Sin embargo, el asunto resulta mucho menos claro si las cifras en cuestión no se refieren a hechos objetivamente favorables (por ejemplo, las ventas de una compañía), sino a sucesos de evidente naturaleza negativa (por ejemplo, el número de crímenes de un municipio determinado).
Sin que se halle en ninguno de estos dos casos extremos, el informe del Tribunal del Fútbol de la FIFA 2022-23 sugiere alguna reflexión al respecto.
Es evidente que, en el texto, el organismo se felicita (a sí mismo) por el hecho de que sus cifras más representativas hayan crecido sin excepción, llevando el total a “un máximo histórico” de 18.353.
El problema es que esos 18.353 no son goles o asistencias, sino casos, solicitudes y consultas relativas a litigios, disputas o reclamaciones, lo que parece lejos de ser algo bueno en sí mismo.
Crecimiento en todos los conceptos importantes
Por ejemplo, la Cámara de Resolución de Disputas, una de las tres que integra actualmente el Tribunal (junto con la del Estatuto del Jugador y la de Agentes, tras la reestructuración que se llevó a cabo en 2021, a fin de situarlas bajo un único “paraguas”) atendió la temporada pasada 1.478 conflictos entre clubes y jugadores por temas relacionados con cuestiones de empleo; es decir, 88 más que en la anterior y casi el doble que en la de 2018-2019.
A su vez, los litigios relacionados con las compensaciones por formación —un “clásico” del fútbol actual— ascendieron a 2.248, esto es, 272 más que en la temporada 2021-22; y, nuevamente, casi el doble que en la de 2018-2019.
En todo caso, el grueso de los casos abordados por el Tribunal estuvo integrado por otro tema clásico —y no poco conflictivo— del fútbol actual: las solicitudes para autorizar el movimiento internacional y la inscripción de menores (es decir, jugadores de menos de 18 años) en clubes que no son de su país de origen.
Entre las primeras operaciones de registro (un tercio del total) y las posteriores “transfers” internacionales (los dos tercios restantes), se llega a la cifra de 12.459 en 2002-23, lo que supone 3.350 más que en la temporada precedente, equivalente nada menos que a un incremento del 37%, y cerca del triple de los casos que se produjeron en la de 2018-2019.
¿Quién va por delante?
Ironías aparte, es evidente que se pueden concebir factores positivos que expliquen el fuerte crecimientos del número de litigios cuya solución afronta el Tribunal del Fútbol de la FIFA.
Por ejemplo, es posible que el éxito en su gestión dé lugar a una especie de “efecto llamada” y anime a los agentes del sector a intensificar la costumbre de acudir a esta instancia para dirimir sus diferencias. O que los avances en la regulación del fútbol estén contribuyendo a controlar y definir mejor los diferentes conflictos potenciales y, por ello, cubran cada vez más casos.
Sin embargo, aun dando como buenas estas hipótesis, es difícil sustraerse a la impresión de que el notable —por decirlo suavemente— incremento del número de litigios tiene también que ver con que la creciente complejidad e intensidad de los intereses económicos que se dan cita en el fútbol conduce a una conflictividad cada vez mayor y más variada.
Y que, a lo peor, como ocurre con el famoso y muy insatisfactorio “fair play” financiero, la FIFA, aunque pueda mostrar en este ámbito cifras cada vez más altas, va en realidad por detrás de los acontecimientos.
