El comunicado difundido el pasado jueves por Mediapro, en el que se ufanaba de los sucesivos reveses judiciales supuestamente cosechados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y cuyo contenido esta desmontó punto por punto pocas horas después, obliga a una reflexión que va más allá de lo estrictamente deportivo o legal.
Mediapro sacaba pecho en sus declaraciones porque aseguraba que diversas instancias judiciales habían fallado prístinamente en su favor y en contra de la RFEF en conflictos relativos a su exclusión de la emisión de la final de la Copa de la Reina 2019, de la adjudicación del servicio de VAR, de la comercialización de los derechos de la Copa del Rey para las temporadas 2019-2022 y de los derechos de emisión de la final de la Copa del Rey de 2019.
Pues bien, el comunicado inmediato de la RFEF clarifica que, en sus mensajes, Mediapro miente, exagera o no dice toda la verdad, según los casos.
Cualquier lector podría pensar muy prudentemente que, al fin y al cabo, las confrontaciones de opiniones o interpretaciones son bastante habituales entre instituciones que entran en conflicto. Sin embargo, en este caso resulta que el comunicado de la RFEF es extremadamente factual, pues pone en primer plano hechos y no se basa en meras opiniones, al revés que el de Mediapro.
En realidad, la Federación ni siquiera entra en lo que, para una persona interesada en los temas de comunicación, podría resultar casi lo más llamativo. Mediapro titula así su comunicado: “Nuevo golpe judicial a la mala gestión de Rubiales al frente de la RFEF”, como si la Audiencia Provincial de Madrid, en lugar de dictaminar en concreto, como ha hecho, sobre la emisión de la Copa de la Reina, hubiera juzgado la gestión del Presidente de la RFEF.
Se trata de una operación de falacia argumental que está en los manuales que analizan las maniobras de propaganda y que, no por casualidad, apunta en contra de uno de los aspectos que le reconocen a Luis Rubiales hasta algunos de sus críticos más acérrimos: que su gestión económica al frente de la RFEF es simplemente excelente.
Pero, por interesante y revelador que esto sea, vayamos con los hechos. Resulta que, en contra de lo que Mediapro induce sibilinamente a creer, sin decirlo literalmente, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid no obliga a RFEF a indemnizar a la cadena con cantidad alguna; la relativa al VAR está recurrida en apelación y el recurso está de momento paralizado porque se siguen diligencias previas “por posible falsedad documental y estafa procesal cometida supuestamente por determinadas personas responsables de Mediapro o vinculadas a esa empresa”; y las dos sentencias relativas a la Copa del Rey se encuentran recurridas por la RFEF… ¡y por la propia Mediapro!, lo que indica que esta se halla disconforme con sus resultados. Siendo así ¿por qué pretende ufanarse de ellos?
Por último, Mediapro omite que ninguna de esas sentencias es firme. O sea, que están pendientes del partido de vuelta…
Como queda apuntado al principio, si se mira de cerca el asunto parece claro que no se trata de una confrontación de opiniones entre dos entidades que mantienen litigios, sino de la confrontación entre informaciones interesadas y sesgadas de Mediapro e informaciones estrictamente factuales, basadas en datos y hechos, de la RFEF.
Pero hay más. No resulta baladí en este caso que una de las partes, la que ha difundido información incierta, inexacta o incompleta, sea nada menos que un grupo de comunicación. El motivo de la inquietud es evidente, pues el comportamiento de Mediapro lleva a que uno tenga que formularse la siguiente pregunta: si un grupo de comunicación no dice la verdad sobre lo que le afecta de manera directa, ¿qué no hará cuando informe de otras cosas?
