Cuando una va por un camino o senda y todas las demás van en sentido contrario, una debe reflexionar, como mínimo, sobre si la senda escogida es la acertada o si aporta valor positivo ir en sentido contrario.
No pretendo en este artículo de opinión, para nada, transmitir la idea de que ir en sentido contrario es negativo per se, o que no puede ni debería producirse. Simplemente, quiero explicar que ir en sentido contrario a todas las demás acarrea consecuencias y que estas consecuencias deben ser conocidas y asumidas libremente por quien ha elegido libremente el camino contrario.
Estoy a favor de que cada una escoja el camino que considere más oportuno y que alguna decida ir solo en sentido contrario a todas las demás. Me parece perfecto y, como completamente liberal que soy, lo defiendo.
Sin embargo, una cosa es aceptar que cualquiera puede y tiene el derecho a ir en sentido contrario a todas las demás y otra, completamente distinta, es pretender que aquella que va en sentido contrario pueda imponer su “criterio” y decisión personal a todas las demás. Si usted quiere ir en sentido contrario, perfecto, pero si todas las demás van por la derecha, usted deberá seguir por la izquierda y no podrá, bajo ningún concepto, exigir que todas las demás vayan por la izquierda porque usted, además de ir en sentido contrario, quiera ir por el camino que van todas las demás. Es de sentido común ¿verdad? Todas lo comprendemos e, incluso, creo que todas lo defendemos ¿verdad?
Pues, desgraciadamente, en el deporte español hay quienes no solo quieren ir al revés de todo el mundo, sino que quieren que todo el mundo se adapte a su decisión. Inaudito. Me explicaré.
En sentido contrario a todo el mundo
Durante las últimas décadas, los gobiernos y los poderes legislativos de nuestro país eligieron ir en sentido contrario a todo el mundo en dos facetas del ámbito normativo del deporte. Me refiero a la publificación de la disciplina deportiva y al sistema de acceso de los entrenadores a la actividad de entrenamiento en los deportes reglados de competición.
Y, sí, debe dejarse claro desde el principio, porque desafortunadamente la mayoría de la opinión pública lo desconoce (o, lo que es peor, la inmensa mayoría de los que se autocalifican o consideran como expertos en derecho deportivo lo desconocen) que, en los ámbitos de la disciplina deportiva, el modelo publificado español era único en el mundo y contrario al modelo de las federaciones internacionales y de todo el resto de los países del mundo.
Lo mismo ha sucedido en el contexto de los requisitos formativos para entrenar a los deportistas o a los equipos en las competiciones deportivas. En todos los países del mundo (excepto España), la formación de los entrenadores la realizan única y exclusivamente las federaciones deportivas y sin que dicha formación tenga naturaleza de titulación académica oficial.
El modelo más cercano al español, pero con diferencias sustanciales, es el francés, en el que, para ejercer como entrenador, debes haber obtenido una “habilitación pública”. Sin embargo, habilitación no es lo mismo que formación. Habilitación es simplemente que debes acreditar ante el poder público que están preparado y tienes los conocimientos suficientes para ejercer una actividad, pero eso no es ni formación reglada, ni mucho menos formación académica reglada.
Sobre el modelo de la disciplina deportiva me referiré extensamente en otro momento; quiero ahora analizar el modelo de formación de los entrenadores deportivos.
Un giro importante, aunque no completo
He de avanzar que, por suerte, por pura lógica y por sentido común, el gobierno y el legislador español han dado un giro importante (no completo) en los temas de disciplina deportiva, homogeneizando nuestra legislación a la europea y mundial.
Desafortunadamente, las presiones de los lobbies reaccionarios han limitado el cambio y seguiremos sufriendo las consecuencias nefastas de circular en sentido contrario, principalmente en los temas de la disciplina relacionada con el dopaje, que es donde con mayor virulencia se manifiesta el conflicto normativo de querer o empeñarse en ir en sentido contrario al modelo europeo y de todo el mundo.
No obstante, a pesar de esto último que acabo de señalar, es verdad que la nueva Ley del Deporte significa un cambio muy importante (insisto, no completo) en el rumbo o dirección de la legislación deportiva española en materia disciplinaria, hasta ahora opuesta a la habitual en todo el mundo e, incluso —debemos saberlo y conocerlo—, contraria a la legislación intervencionista francesa. Una legislación que tiene su origen, por cierto, en el gobierno fascista de Vichy, igual que la española tiene su origen en el gobierno fascista de la dictadura, si bien Francia nunca llegó a publificar la disciplina deportiva como lo hizo la legislación española.
Pero donde con mayor virulencia se manifiesta el conflicto de modelos y de legislación es en el ámbito de la formación de entrenadores. Desde la ley del año 1990, el legislador español se empeñó en crear un modelo único, aislado del mundo, y que no encaja con el de ninguno de los países de nuestro entorno. Un modelo con el que se pretende que las federaciones dejen de formar a los entrenadores y que sean los ámbitos académicos —extra-federaciones— quienes los formen.
Sin embargo, el proyecto de la nueva Ley del Deporte, elaborado y aprobado recientemente por el gobierno, fue respetuoso con los diversos modelos de formación y no se metió en ningún lio que pudiera acarrear problemas a nuestros entrenadores.
En cambio, los partidos políticos de la oposición sí escucharon los cantos de sirena de los lobbies del mundo académico por aquello de llevar la contraria al gobierno en todo. Principalmente, se dirían, “porque alguna cosa debo aportar como enmiendas y, como de estos temas no sé y no conozco, pues aprovecho lo que me hacen llegar y así ya tengo las enmiendas preparadas sin tener que trabajar mucho”.
En la fase parlamentaria del Congreso y en un afán de consenso, el grupo socialista aceptó aquello que, por desconocimiento inicial, le parecía políticamente neutro. Por suerte, el Partido Socialista y los grupos mayoritarios de las Cámaras se dieron cuenta posteriormente de que les habían colado un gol por toda la escuadra y enmendaron la plana en el Senado.
En aquello, intervino ese colectivo denominado en el argot parlamentario como “fontaneros”. Podemos definirlo como funcionarios bien colocados en los puestos clave, que pueden influir de manera decisiva en un momento determinado en la legislación, porque le hacen creer al político de turno que lo que ellos transmiten es “técnicamente” lo necesario y pertinente, cuando en realidad lo que están haciendo, sin decirlo y de manera grosera, es introducir aquello que ellos piensan políticamente y haciendo creer al político que la aportación es “técnica”, cuando en realidad es completamente “política” e “ideológica”. De esto saben mucho las altas esferas funcionariales bien colocadas en puntos clave de los ministerios.
En definitiva, el Senado resolvió de manera eficiente el problema que se venía encima con los entrenadores de nuestro país de todas las disciplinas deportivas si hubiesen prosperado, sin modificación, las enmiendas introducidas en el Congreso.
Un empeño absurdo
España puede vivir en interno en un modelo propio aislado de los demás. Y ese modelo propio le puede medio funcionar si no se relaciona con los demás de su entorno. Puede elegir una senda opuesta a todos los demás países del mundo, como ha elegido para el modelo de formación de los entrenadores en el contexto académico que no se realiza en ningún otro país del mundo; ni en la Unión Europea (UE), ni en ninguna parte del mundo. Puede hacerlo y podrá caminar por esa senda y podrá llegar donde quiere llegar, pero lo que no puede bajo ningún concepto es pretender que el resto de los países del mundo acepten aquello que él solo, y de manera diferenciada de los demás, ha decidido que ese es el modelo que se ha de seguir.
Obviamente, los entrenadores formados académicamente en España podrán entrenar en nuestro país porque así lo prevé nuestra Ley; pero lo que no puede hacer nunca nuestra Ley es obligar a todos los demás países del mundo a que lo previsto en ella (formación académica y no federativa) sea aplicable en su país, cuando ellos han elegido ir por el camino contrario.
Los entrenadores académicos españoles —confundidos por una retórica de funcionarios públicos desconocedores de la realidad en el mundo y dogmáticos en sus postulados ideológicos— creen y exigen que su formación sea impuesta en todos los demás países del mundo, cuando estos han decidido voluntariamente que su modelo es el opuesto. Y, además, pretenden exigir que en las leyes del deporte o en la posible ley de regulación profesional, el legislador español obligue a los demás países del mundo (a todos) que el modelo único español sea el que apliquen, por mor de nuestra Ley, en sus países.
¿De verdad puede seguir habiendo aún gente tan confundida —o engañada— que piense que nosotros, que hemos elegido ir por el camino contrario a todos los demás, debemos y podemos exigir que todos los demás circulen por la dirección contraria porque así lo hemos decidido nosotros?
Si en cualquier ámbito de la sociedad esto es una barbaridad y un sinsentido, en el ámbito del deporte y de la formación deportiva es exactamente igual. Si queremos tener un modelo propio aislado y diferenciado de los demás, muy bien, adelante… pero no pretendamos que los demás reconozcan aquello que es solo nuestro y por una voluntad propia y libre, pero opuesta a todos los demás.
