Podemos calcular que, desde la instauración de la democracia en España con la Constitución de 1978, más de 3.600.000 hombres y de mujeres de nuestro país han desarrollado tareas voluntarias y no remuneradas como árbitros deportivos, jueces/árbitros de las competiciones, cronometradores, anotadores, asistentes de arbitraje, jueces disciplinarios en los comités de primera instancia y de apelación del conjunto de las Federaciones deportivas españolas, etc.
Unos, los árbitros y los jueces/árbitros, mediante una labor técnico-deportiva; otros, a través de una labor jurídica para aplicar los códigos disciplinarios de cada federación. Partido tras partido, competición tras competición, semana tras semana, temporada tras temporada, más de 40 años impartiendo justicia deportiva. Gente toda ella honesta, con unos valores sociales que emanan del deporte de competición, con una generosidad incuestionable y con una profesionalidad encomiable.
Han pasado 40 años. Sin embargo, determinados sectores de la sociedad, cobijados bajo una determinada tendencia ideológica muy marcada, siguen presentando mediática y públicamente a todo este colectivo, aún ahora y sin rubor alguno, como gente de poco fiar, gente mediocre, sin criterio, sin personalidad, cuya labor no es ni independiente, ni autónoma, que solo responde a la “voz de su amo” y que no merece la más mínima confianza.
Lejos de buscar mecanismos de “fomento” (palabra utilizada en la Constitución para la promoción del deporte), prefieren implantar sistemas de “tutela”, “control”, “intervención pública”, “revisión administrativa”, “tribunales administrativos” y un largo etcétera, porque en todo su discurso subyace una sola y única idea: “sin el control del poder público y su intervención directa, toda esta gente no sabe hacer su trabajo y no es merecedora de confianza”.
Dicen y afirman que los pobres deportistas, clubes y entrenadores estarán sometidos al desamparo más absoluto y a las mayores injusticias si los órganos administrativos no controlan, tutelan y revisan los actos de los árbitros deportivos, de los jueces de competición o de los jueces disciplinario-deportivos, porque todo este colectivo de más de 3 millones de españoles y españolas no se ha merecido el aprecio, la confianza y el reconocimiento de la sociedad. Y sostienen esto a pesar de que la mayoría de estas personas (las que forman parte de los órganos disciplinarios) son eminentes y prestigiosos juristas reconocidos en su ámbito profesional; y que, precisamente por ese reconocimiento profesional, han sido llamados para desarrollar su labor en el deporte como acto de generosidad hacia la sociedad.
Por suerte, después de 40 años de democracia, el gobierno español hace un acto de reconocimiento a estos millones de ciudadanos abnegados y profesionales, que han desarrollado su labor con brillantez, y elimina los Tribunales de Orden en el deporte español. Se dignifica así a los árbitros/jueces deportivos y a los miembros de los comités disciplinarios de las federaciones, reconociendo su labor y presumiendo, como en cualquier democracia avanzada, que actúan con honestidad, con profesionalidad y con conocimiento específico de lo que deben decidir.
Estamos escuchando atónitos como aún existen reductos ideológicos en la sociedad española que son incapaces de entender que la gente del deporte es muy honrada y que los árbitros/jueces competición y miembros de los órganos disciplinarios son y han sido durante estos 40 años gente independiente y honesta. En las competiciones deportivas de España, la justicia no necesita de “funcionarios” que les controlen, supervisen y dicten la última palabra.
Los árbitros, los jueces y los miembros de los comités disciplinarios españoles tienen todo el derecho a ser exactamente igual y a ser reconocidos exactamente igual que sus homólogos del resto del mundo. El deporte español no se merece ni necesita un Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
