Las Cortes Generales han aprobado una nueva Ley del Deporte y el BOE la ha alumbrado el último día del año, el 31 de diciembre de 2022. Ahora llega el momento de diseccionarla y realizar sesudos análisis jurídicos y no jurídicos. Abundarán las aproximaciones desde diferentes sectores profesionales, empresariales y puramente deportivos. Eso sin duda nos enriquecerá, si es que somos capaces de leerlos.
De momento, solo quiero plasmar un par de reflexiones a vuelapluma. La primera es que la Ley merece una valoración positiva por cuanto que desregula y despublifica determinadas materias.
Aunque algunos puedan pensar lo contrario, liberalizar es más difícil y complejo que administrativizar. El concepto de “mejor regulación”, de origen británico, conlleva un enorme esfuerzo de simplificación normativa y administrativa, lo que en un país como el nuestro es tarea de titanes. No voy a decir que esta nueva Ley del Deporte sea ejemplo paradigmático de tal cosa, pero avanza en el buen camino.
Desde luego, atribuir a la Administración aquello que el propio sector social o económico —en este caso el deportivo—puede hacer mejor, revela una cierta inseguridad y desconfianza en los operadores jurídicos. Es evidente que, cuando el interés público está presente, la Administración debe velar por su cumplimiento. Pero en los otros casos, el sector privado tiende a ser más eficaz y eficiente.
La segunda reflexión viene referida al tránsito parlamentario de la norma. Hemos asistido a situaciones bochornosas protagonizadas por organizaciones aparentemente serias, pero que a veces muestran el rostro que se oculta tras la máscara. La Liga Nacional de Fútbol Profesional utilizó toda su capacidad de lobby y mediática, que no es poca, para tratar de imponer su voluntad a los parlamentarios y a los partidos políticos. Planteó varias cuestiones, pero al final prácticamente todo se reducía a salvar la operación CVC introduciendo un amparo legal específico.
Sin embargo, debemos recordar que la operación CVC se aprobó y se ejecutó con un marco normativo concreto. Y con ese mismo marco, debe ser juzgada por los órganos judiciales. Las Cortes aguantaron el envite (con algunas actuaciones particulares que prefiero no describir ni calificar) y los Tribunales serán libres para decidir lo que corresponda. Esto es un éxito, cualquiera que sea la postura que finalmente triunfe.
Intentar cambiar las reglas de juego a mitad del partido no es serio y, desde luego, es contrario al cualquier concepto de fair play que manejemos, por muy laxo que este sea. No podremos olvidar que LaLiga amenazó con una especie de cierre patronal si no se le daba satisfacción. Eso sí, cuando repararon en las consecuencias, se agotaron los pañales. No hubo cierre y sí hay Ley.
