Dije en un artículo anterior que la Presidenta de la Liga F tiene el hábito de mentir dos veces. Por ello, es inevitable dedicar también dos artículos a explicar algunas (no todas) de sus mentiras y las cosas que omite para no contar la verdad.
Es conocida la estrategia de su benefactor: denunciar/demandar, intimidar, desacreditar y amenazar. Hace meses que la Presidenta empezó la primera fase; lleva dos semanas con la segunda y la tercera; y en los últimos días ha entrado en la última. Todo medido y siguiendo al pie de la letra las instrucciones que le va dando su benefactor.
La mentira, la ocultación de la verdad y las arengas a los afines mediante gestos de protesta y de adhesión sectaria son componentes conocidos de las estrategias “trumpistas”. Pero, al menos, Trump habla por sí mismo y expone sus propias ideas. No es tal el caso de la Presidenta de la Liga F, pues se limita a reproducir las indicaciones de su benefactor.
Un largo listado de mentiras
Por ejemplo, no le importa desacreditar públicamente, en plena campaña electoral, al partido político que le impulsó para que pudiera ocupar los cargos institucionales que ha asumido en el deporte español ¿No hubiera sido más respetuoso o elegante esperar al final de la campaña? Parece que piensa que no. O que, al menos, ha hecho lo que ha hecho porque así se lo han ordenado, sea para congraciarse con los que cree gobernarán tras las próximas elecciones, sea para echar una cortina de humo sobre la parte de sus retribuciones que, según se insiste, no quiere desvelar.
Pero no es esta su única ocultación de la verdad. La Presidenta y su entorno ya mintieron al Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD en la primera de las resoluciones que este tuvo que dictar por la falta de acuerdo sobre el número de jugadoras extranjeras no comunitarias que se debían autorizar en la competición profesional.
En efecto, la Presidenta mintió al CSD y a los sindicatos, diciendo que los clubes tenían ya nueve jugadoras extracomunitarias contratadas y que no las podían dejar “colgadas”. El CSD se lo creyó e hizo una resolución “a medida” de la Liga F, a pesar de la oposición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, a los pocos días se comprobó que la Presidenta había mentido, porque jamás había existido ese número de contratos.
Se queja la Presidenta de cómo le trata el CSD, pero también olvida, al quejarse, de que la siguiente medida adoptada por este organismo fue otorgarle, sin base legal alguna y sin respetar los contratos vigentes, el balón y el “naming” de la competición femenina. En contra de lo que es norma en cualquier Estado de Derecho, el CSD no respetó los contratos que la RFEF tenía suscritos al efecto y, mediante una carta, sin informe jurídico alguno que la acompañara, un conseguidor interno se los concedió a la Liga F.
Miente también cuando afirma que el CSD no aplica el principio de solidaridad del rico con el pobre. El CSD ha aplicado exactamente el mismo principio de solidaridad que rige en el fútbol rico (la liga profesional masculina y los clubes profesionales femeninos) al fútbol pobre (clubes femeninos no profesionales). Sí, la Liga F es la rica porque es profesional y porque, como ella misma dice, está compuesta por las secciones femeninas de la mayoría de los clubes profesionales masculinos (este es su argumento para defender que la liga masculina le regale todo tipo de dinero).
Y miente cuando asegura que ese dinero solidario va a la RFEF. No es así: ese dinero va al futbol femenino pobre, porque la Liga F está obligada por Ley a ayudar al futbol femenino pobre. Lo que no sería admisible, ni ético, es que el dinero de todos los españoles se destinara, a través del CSD, a los clubes profesionales y a las jugadoras profesionales; y que estos no quisieran destinar un solo euro a los clubes no profesionales y a las jugadoras no profesionales.
Unos sueldos desproporcionados
Miente asimismo la Presidenta cuando afirma que se han incrementado los gastos de sanciones, licencias e inscripciones. Por cierto, que una reciente sentencia de una Magistrada-Juez de lo Contencioso acaba de subrayar que las sanciones disciplinarias no pueden ser diferentes por razón de sexo, como tampoco lo pueden ser por razón del sueldo que cobre cada jugadora, por más que se empeñe en lo contrario la Presidenta de la Liga F.
Miente esta cuando declara que admite y es consciente de que a la RFEF le corresponde el 2% de los ingresos de las televisiones según establece la Ley, pues al mismo tiempo hace que se apruebe en su Asamblea una distribución de ingresos que niega ese porcentaje al CSD y a la Federación.
Miente cuando sostiene que su Liga debe ser independiente de la RFEF, porque esto lo prohíben la Ley española del Deporte y las normas al respecto de la UEFA y de la FIFA.
Miente de nuevo cuando afirma que el Presidente de la Federación no tuvo en consideración su situación de maternidad cuando se produjeron las negociaciones para el convenio de coordinación entre ambas entidades, pues he preguntado por el caso y en la RFEF me acreditan documentalmente que fue exactamente al revés.
Miente cuando difunde que su Liga recibe un trato diferencial en comparación con la competición masculina. El CSD dijo desde el primer día que la competición profesional femenina tendría los mismos privilegios y derechos que la masculina en relación con la RFEF, pero también las mismas obligaciones. Sin embargo, la presidenta de la Liga F quiere tener los privilegios de ser una competición profesional —completamente subsidiada por el Estado, por cierto—, pero no asumir ninguna de las obligaciones.
Miente cuando responsabiliza a la Federación o al propio CSD de la falta de acuerdo en el convenio colectivo con las jugadoras.
Bien es verdad que no ayuda a la buena resolución de estas negociaciones que ella misma tenga sueldo de 150.000 euros, al que igual que su vicepresidente y su director general. O que haya alquilado un palacete para la sede de su Liga que cuesta 330.000 euros. O que pague a sus abogados un mínimo de 280.000 euros, entre otras cosas para recurrir “al peso” todo lo que se presenta.
Haga el lector un simple cálculo. Todo lo anterior suma 1.060.000 euros. Y esta cantidad, dividida por las 320 jugadoras profesionales de la competición, daría para incrementar en 3.300 euros los poco más de 16.000 euros que tienen asegurados cada una de ellas.
Entre la ignorancia y el desconocimiento
Pero hay muchas otras verdades que la Presidenta de la Liga F esconde. Quizá en algunos casos sea por ignorancia y desconocimiento. Pero la ignorancia y el desconocimiento son muy atrevidos. Y, a veces, hasta patológicos.
Por ejemplo, la Presidenta no dice la verdad cuando denuncia a la RFEF por sanciones disciplinarias económicas supuestamente injustas, porque ha sido la propia justicia —hay que insistir en ello—la que ha dado validez y ha aseverado que las sanciones no pueden ser diferenciadas por razón de sexo. Pero es que, además, la presidenta no explica que, en materia disciplinaria, ha de imperar el principio de legalidad y los comités disciplinarios no pueden inventarse las sanciones. Y tampoco explica la Presidenta que la RFEF ha propuesto y ha aprobado un nuevo código disciplinario con sanciones distintas para la competición profesional femenina.
Mayor ignorancia —o mala fe— se pone de manifiesto en el tema de las licencias y las cuotas de inscripción de la competición profesional. Se ha atrevido a criticar, con dureza inusitada, al Presidente del CSD por la fijación de unas cuantías de licencias e inscripciones que, según ella, son abusivas, desmesuradas y ponen a la competición profesional femenina al borde del abismo, haciéndola insostenible. Una profecía apocalíptica que se ve notablemente refutada cuando se comprueba que los clubes profesionales femeninos han pagado sin dificultad alguna las cantidades fijadas por el CSD.
Y es que, aunque la Presidenta no lo confiese, lo cierto es que la Resolución del Presidente del CSD ha facilitado a los clubes de la Liga F un ahorro total de 570.000 euros por temporada en las licencias de las jugadoras. Una importante cantidad de dinero que ha quitado del presupuesto para el futbol femenino no profesional.
El escándalo de las cuotas de inscripción y las licencias
Vayamos ahora a las cuotas de inscripción, pues ahí las quejas de la Presidenta resultan más escandalosamente injustificables. La Resolución del CSD establece una cuota de inscripción para cada club de la Liga profesional de fútbol femenino de 2.000 euros. ¿Sabe el lector cuál es la cuota de inscripción para los clubes de la Primera División del balonmano femenino que no son profesionales? 2.250 euros. ¿Y para los clubes de la Primera División del baloncesto femenino que tampoco lo son? 4.000 euros. ¿Y para los de la Primera División del voleibol femenino que nuevamente no los son? 5.660 euros.
Y, sin embargo, la Presidenta de la Liga F afirma que las decisiones del CSD hacen inviable “su” competición, cuando lo cierto es que, aparte de concederle 5 millones de euros por temporada, este aprueba cuotas de inscripciones para los clubes profesionales del futbol femenino que son más bajas que las de todos los demás deportes femeninos de equipo, cuyos clubes no son profesionales.
Por supuesto, alguien podría pensar que esto podría estar compensado muy al alza con los precios de las licencias. Pero no es así. De acuerdo con la información que aparece en las webs de la respectivas Federaciones, el precio total de las licencias para clubes del mismo número de jugadoras y técnicos sería de 17.410 euros en voleibol, 14.000 euros en baloncesto… y 5.200 euros en fútbol profesional. En números absolutos, el importe total por licencias del fútbol femenino profesional no supera los 9.000 euros; es decir que, a pesar de ser profesionales, asumen menos costes por licencias que los clubes no profesionales de voleibol o baloncesto.
Solemos decir que los números hablan por sí solos. Pero en algunas ocasiones, como esta, resulta también necesario subrayar claro y alto las conclusiones que de ellos se derivan. Por ejemplo, que la Presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, miente descaradamente en temas muy relevantes de su responsabilidad, siguiendo el más puro estilo de su benefactor y con la probable pretensión de desacreditar política y humanamente al Presidente del CSD, Víctor Francos.
En cualquier caso, hay que confiar en que la verdad termine siempre por imponerse y en que los gestores públicos honestos no estarán dispuestos a adoptar decisiones injustas o ilegales, por más que abunden mentiras como las expuestas y por más que se intensifique la estrategia de la intimidación, desacreditación y amenazas que sus autores han puesto en marcha.
