Durante los meses anteriores a la tramitación de la Ley del Deporte en las Cortes Generales, durante el tiempo de su tramitación y aún hoy, habiendo pasado ya un año desde su aprobación, el lobby doctrinal y el lobby mediático que le apoya de manera mayoritaria en España siguen insistiendo en los errores de esa Ley por haber “privatizado” determinados aspectos de la organización deportiva —entre ellos, la disciplina estrictamente vinculada a la competición— y haber “despojado” de algunas de sus funciones al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
La Agencia Antidopaje ataca directamente a España: «Habrá consecuencias importantes»
Esta corriente mayoritaria influye de manera muy importante en la opinión que los partidos políticos tienen sobre este tema. De hecho, seguro que, por el miedo a ese sector mayoritario, el Gobierno ha sido incapaz de presentar un borrador de proyecto de desarrollo de la Ley en materia de disciplina deportiva. Y también lo ha sido a la hora de elaborar la norma que tenia la obligación legal de aprobar en los siguientes seis meses tras la entrada en vigor de la Ley. Sigue pendiente y han pasado ya doce.
Es conocida la opinión de los expertos a los que se ha encomendado el desarrollo de la Ley. Consiste en asegurar que ya se encargarán ellos de diluir en todo lo posible los avances en cuanto a la privatización de la disciplina deportiva.
Un problema de modelo
El Gobierno y los partidos políticos deberían tomar buena nota de las informaciones que están apareciendo en los últimos días sobre los problemas de la Comisión Española de la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Hoy mismo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha emitido un comunicado muy duro en relación con los problemas del sistema de control antidopaje en España.
La doctrina dominante y los medios de comunicación afines pensarán que la solución pasa por una mejor regulación pública de ese sistema de control; en definitiva, por su mayor “publificación”. Se equivocan completamente.
Mientras el sistema de control antidopaje esté regulado en España mediante una ley intervencionista y que “publifica” el sistema de control y sancionador, no existirá una solución eficaz y posible a este conflicto.
Los problemas no son del Sr. Terreros, director de la CELAD, o de los funcionarios o empleados de este organismo. Tampoco son de una falta de control por parte de los responsables del Consejo Superior de Deportes (CSD). Y mucho menos del Gobierno. El problema es del sistema jurídico regulatorio vigente, porque, mientras se siga con el mismo modelo “publificado”, será absolutamente imposible solucionarlo.
El modelo español no es mayoritario a escala internacional
El sistema de control y disciplinario de la AMA no ha estado pensado ni concebido con los principios del derecho público. Está pensado según el modelo privatista de las organizaciones deportivas internacionales y se basa en el modelo jurídico del deporte que se encuentra extendido por la mayor parte de los países del mundo.
De hecho, países claramente intervencionistas en materia legislativa en el deporte, como Francia, Italia o Portugal, no tienen estos problemas. El Gobierno y los partidos políticos españoles deberían preguntarse el porqué.
La respuesta es muy simple: porque ninguno de esos países regula el modelo de control antidopaje con un esquema tan “publificista” como el español.
Llevamos años y años con el mismo asunto. Se argumentó que era un problema de la Ley, un problema de la justicia española, un problema de los dirigentes del CSD… Nada de esto es cierto. El problema es de “modelo jurídico y normativo”.
¿Miedo al cambio?
Mientras el Gobierno no entienda de una vez por todas que debe dejar de escuchar al lobby jurídico-deportivo que es mayoritario en nuestro país y liberalizar parte del sistema de control antidopaje, no será capaz de encontrar una solución técnicamente eficaz y posible a los problemas que se le plantean en este ámbito.
Es imposible coordinar los conceptos de prescripción, caducidad, tipicidad de la infracción y de la sanción del sistema jurídico público español con el modelo de la AMA. El agua y el aceite son líquidos, pero entre ellos se rehúyen.
La regulación pública debe estar circunscrita, y ya es muy importante, a los aspectos penales y a la supervisión fuera del ámbito competitivo (por ejemplo, en gimnasios, etc.). El TAD dictó una resolución con la que puso patas arriba el sistema de control basado en el pasaporte biológico; y la justicia le dio la razón. Así es imposible que el sistema de la AMA pueda ser aplicado en España. O se cambia de modelo y de filosofía jurídica, o España siempre tendrá problemas, como los ha tenido en los últimos 30 años.
Es evidente que los conflictos de España con la AMA se han derivado siempre del marco normativo. ¿Seguiremos tropezando cien veces con la misma piedra? Auguro que sí, por miedo al cambio y por una cierta dificultad para ver el problema con una perspectiva amplia.
