La situación es clara, aunque su descripción parezca confusa: los que no saben vociferan; y algunos de los que creen saber se aprovechan de que los demás saben mucho menos que ellos. En los próximos meses volveremos a vivir las repetidas escenas de conflictos, disputas, guerras, duras confrontaciones y ruido mediático en torno a los procesos electorales de las federaciones deportivas españolas.
De hecho, todo ello ya ha empezado. Y de qué manera. Una comprueba que, aunque el tiempo transcurre, en estos temas todo sigue igual. Pueden pasar los años y los períodos electorales, pero hay cosas que no cambian.
La nociva labor de los pseudoexpertos
Desde luego, no cambian en el plano jurídico y en el entorno generado por ese conjunto de pseudoexpertos en procesos electorales deportivos que inundan nuestro país y que utilizan los altavoces de los medios de comunicación para hacer notar que ellos están allí (por si alguien les contrata). Y no pocos medios están encantados de que así sea y así siga siendo, porque de esta forma obtienen contenidos para llenar sus páginas.
Pero, insisto, nada cambia. La inmensa mayoría de los que hablan no tienen el más mínimo conocimiento de cuál es el marco normativo de los procesos electorales deportivos. Y, como no lo tienen y no saben, la única posición o actitud que se les ocurre mantener para llamar la atención es vociferar.
Lo hacen, sobre todo, en los medios: filtran información, filtran documentos, filtran cartas, filtran lo que sea para que se note que están ahí. Pero, como no saben y los que les aconsejan (si es que hay alguno que lo haga) tampoco saben, lo único que pueden hacer es vociferar. Que es lo que hacen.
La estrategia del estruendo
Tal actitud era muy habitual en el pasado y vuelve a tomar cuerpo y dinámica en el nuevo período electoral que ahora se inicia.
Antes de que empiece nada, se amenaza con impugnar todo, con presentar demandas o querellas penales a todo el mundo: a los que están, a los que no están, a los que dicen que deben supervisar y no supervisan, a los que teóricamente deberían controlar y no controlan…, a todos, en suma.
La cuestión es crear un ruido ensordecedor. Y este estruendo es la demostración más clara y patente de que quienes lo generan no tienen ni la menor idea de cómo funciona el mecanismo normativo de los procesos electorales en las federaciones y de cómo combatir sus abusos o irregularidades, si los hubiere.
Si supieran del tema, sabrían qué es lo que está realmente mal y qué es lo que realmente debería modificarse porque está mal (intencionadamente o no).
Lo que hacen falta son menos voces destempladas, y más estudio y conocimiento de nivel sobre el marco normativo.
Saber y no saber
Pero los procesos electorales tienen otra vertiente que no sólo es la muy extendida del ruido calculadamente ensordecedor, sino otra más sutil, pero tan presente y real como la anterior: la de la falta de conocimiento de las normas —me refiero a un conocimiento real y riguroso— entre los teóricos expertos en la materia.
Una se queda asombrada del bajo nivel de nuestras/os juristas pseudoexpertas/os en la materia, que continuamente se van por ramas completamente inocuas e ineficaces y son incapaces de detectar dónde están los problemas jurídicos reales que de verdad pueden existir (pues haberlos, haylos; y muchos).
Si todo esto se produce —y, de hecho, se produce y se está produciendo— sólo tiene una explicación: algunos de los que teóricamente piensan saber y se presentan como conocedores de la materia, en realidad saben muy poco. Y lo peor es que, aunque sean especialistas y tengan experiencia, no saben que saben muy poco.
Pero tienen una gran ventaja y es que todos los demás saben aún menos y son incapaces de detectar las deficiencias reales de las normas que se someten a aprobación; y son asimismo incapaces de recurrir aquello que tendría opciones reales de anular las normas, cuando estas incluyen elementos completamente ilegales o irregulares, como a veces ocurre.
La necesidad de conocer y analizar
Y estos elementos no son ninguno de los que sacan a relucir los que vociferan. Son más sutiles, pero mucho más importantes y determinantes para el resultado final de los procesos electorales.
Sería muy recomendable que se analizaran mejor las normas emanadas del Estado y se y estudiaran los antecedentes, no sea que existan algunos casos, avalados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en los que las cosas se hubieran hecho anteriormente o bien igual a como se pretende hacer ahora, lo que apoyaría las soluciones planteadas; o bien al revés, lo que llevaría a la anulación de todo.
Por último, tengo la impresión —y espero no equivocarme— de que en estos momentos tenemos un TAD mucho más preparado desde el punto de vista jurídico que el inmediatamente anterior; y con un bagaje jurídico mucho más amplio que el que entonces mostraban sus miembros.
El conocimiento y experiencia de los miembros de aquel TAD brillaban por su ausencia, lo que se notó mucho. Quizá aquella mala experiencia pueda servir ahora para que el nuevo TAD siente las bases y ponga buen criterio jurídico en un contexto en el que los pseudoexpertos dan prueba de un desconocimiento alarmante del marco jurídico del que teóricamente aseguran que son conocedores.
