El reciente anuncio de que el año que viene podría iniciar sus operaciones un regulador independiente de la Premier League y el fútbol inglés con amplios poderes de intervención ha desatado un aluvión de comentarios y análisis urgentes acerca de sus posibles implicaciones. Un comunicado de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, ha subrayado al respecto que «el Independent Football Regulator (IFR) estará dotado de sólidas competencias que girarán en torno a tres objetivos fundamentales: mejorar la sostenibilidad financiera de los clubes, garantizar la resiliencia financiera de todas las ligas y salvaguardar el patrimonio del fútbol inglés».
En los últimos días, varios medios han subrayado lógica y abundantemente cuáles serían algunas de esas «sólidas competencias». Por ejemplo, emitir las licencias de los clubes (que solamente se darían a los económicamente viables), sancionar gravemente a aquellos que incumplan las reglas de sostenibilidad financiera, evaluar si sus propietarios son o no «idóneos» y obligarles a abandonar la entidad si no es así, imponer un ‘nuevo acuerdo’ para la redistribución de los ingresos del fútbol entre los clubes de todas las divisiones… En efecto, se trata de competencias francamente sólidas.
😲 Tres inexactitudes
Pero también se ha dicho y escrito que su creación es la consecuencia esencial, si es que no única, del Football Governance Bill (el proyecto de Ley de Gobernanza del Fútbol) hecho público por el Ministerio británico de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes hace apenas unos días; que es el simple resultado natural de algo que se venía madurando desde hace bastante tiempo y que, aunque es obviamente muy relevante, tendrá consecuencias casi exclusivamente sobre el fútbol inglés. Tres cosas que, sin ser del todo mentira, son como mínimo inexactas.
Por despejar lo primero, conviene aclarar que el Football Governance Bill va bastante más allá de la creación del IFR. Este impondrá el cumplimiento del «nuevo acuerdo» antes citado, pero los criterios generales de distribución de los ingresos estarán establecidos en esa Ley que, además, legislará sobre aspectos que no serán competencia del regulador. Posturas como el número de partidos que se deben disputar en las competiciones y la cantidad de dinero que los clubes pueden gastar en los jugadores, por poner solo un par de ejemplos. Dos competencias nuevamente «sólidas» y ambas con importantes consecuencias financieras.
Pero quizá lo de mayor interés sea la segunda inexactitud antes citada. Es verdad que se venía hablando hace ya tiempo en Inglaterra de la creación de un regulador independiente del fútbol. Sin embargo, la aprobación del proyecto de Ley antes citado y, consecuentemente, el impulso que esta da al establecimiento del regulador, no parece fruto de la evolución normal de los acontecimientos, sino de la irritada respuesta del Gobierno a una especie de ‘plante económico’ de la Premier League.
😡 La irritada reacción del Gobierno ante la Premier League
Ocurrió la semana pasada, cuando sus clubes se negaron a votar la aprobación de un acuerdo según el cual harían una transferencia de algo más de 1.000 millones de euros a las divisiones segunda, tercera y cuarta del fútbol inglés que gestiona la English Football League (EFL); y que estarían destinados obviamente a reforzar su muy débil situación financiera.
Ha trascendido que no menos de la mitad de los clubes de la Premier (Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa, Wolverhampton, Nottingham Forest, Crystal Palace y Bournemouth) manifestaron que no podían entrar siquiera a votar la propuesta hasta que no se aclararan los detalles de la nueva normativa financiera sobre rentabilidad y sostenibilidad (RSP) que debe sustituir a la actual. En efecto, esta se halla sometida a fuerte crítica tras el lío de las sanciones, en forma de pérdida de puntos, que se han aplicado al Everton y al Nottingham Forest (y que muy probablemente no serán las únicas).
La negativa de la Premier pilló por sorpresa al Gobierno, que se había implicado muy fuertemente en la aprobación del acuerdo y que lo daba por hecho. Su irritación ha sido indisimulada: la Secretaria de Cultura ha amenazado con que, si no hay acuerdo, podría intervenir el Defensor del Pueblo. La presidenta de la Comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo (que es inglesa) ha afirmado que la actitud de la Premier «prueba que sus declaraciones en favor de ayudar a la pirámide del fútbol inglés no son más que promesas vacías»; y fuentes gubernamentales anónimas han asegurado que «si los representantes del fútbol no solucionan el acuerdo, lo hará el regulador».
Y, por ello, esta irritada reacción verbal se ha transformado de inmediato en una inesperada y no menos irritada reacción factual: presentar a toda velocidad la Ley y la creación del IFR, a fin de acelerar su tramitación parlamentaria. O sea, que nada de ‘evolución natural’ de las cosas: traducido a español llano, si no querías caldo…
😖 Fuertes críticas a la asociación profesional
Todo lo cual conduce a la tercera inexactitud antes mencionada. Puede que haya la tentación de considerar que esto, aun siendo importante, es solo un asunto doméstico del fútbol inglés. Sin embargo, bien podría ocurrir que no fuera así y se convirtiera en algo de mucho mayor alcance internacional.
Considerémoslo con cierta perspectiva. La iniciativa del Gobierno británico parece contar con un fuerte respaldo social: están a favor un elevado número de parlamentarios, la EFL, la mayor parte de los medios de comunicación, la mayoría de los aficionados (aunque seguirán sin tener asiento en los Consejos de Administración de los clubes, al revés que en Alemania)… Sin embargo, la Premier League no se ha inmutado y ha declarado que se muestra «preocupada por cualquier consecuencia no deseada que esa legislación podría tener y que condujera a debilitar la competitividad y el atractivo del fútbol inglés».
Esta actitud ha sido fuente de una nueva oleada de irritación que está conduciendo a que sea el propio sistema de conceder tanto poder a los clubes profesionales, a través de su asociación, el que se empiece a poner en cuestión.
Los medios británicos recogen estos días que no pocos agentes sociales y políticos subrayan que ese sistema no hace más que proteger a los clubes ricos, que estos no son solidarios, que pasan de los aficionados, que no buscan más que mayores ingresos, que están en manos de propietarios dudosos, que su economía es opaca, que tratan de convertirse de facto en un coto cerrado para unos pocos elegidos… y que al final ni siquiera son capaces de asegurar su propia viabilidad financiera. Unos argumentos, en suma, que bien podrían empezar a cruzar el Canal de la Mancha. Nuevamente, en español llano, cuando las barbas de tu vecino veas pelar…
